El hecho de todos tengamos derecho a opinar sobre la amnistía, no significa que cualquiera pueda sentar cátedra sobre un asunto tan delicado. Los primeros que tendrían que callar y abstenerse son en su mayoría los miembros del congreso de los diputados, que no tienen la menor idea sobre este tema, como sucede con tantos otros muchos.

Otro colectivo que debería mantenerse calladito sobre la amnistía, y no lo ha hecho, son los obispos españoles, unos pronunciándose en contra (todos menos los de Cataluña) y otros (los de Cataluña) mostrándose a favor. Su voz, que ya no tiene el menor peso, ni siquiera ante los católicos, es contraproducente en ambos casos.

En el lado contrario, tenemos a los letrados del Congreso de los diputados, que han avisado de que la amnistía podría ser anticonstitucional pero no han dicho   que también podría ser contraria al Derecho de la Unión y que la entrada en vigor de la Ley podría ser paralizada e incluso anulada por el Tribunal de justicia de la unión.

Efectivamente, las instituciones de la UE tienen mucho que decir en este tema, que está muy relacionado con los valores democráticos que ellas defienden y con la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. El Parlamento Europeo, en su Comisión de Justicia, ya se ha mostrado partidario de que las amnistías que se aprueben en los Estados de la UE "no puedan exonerar de castigos los delitos de corrupción". y estoy seguro de que volverá a tratar este tema. 

También la Comisión Europea tiene mucho que decir sobre la ley de amnistía y vigilará si esta ley es conforme a los valores democráticos.

Por de pronto, " el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha confirmado que la Ley de Amnistía quedará "inaplicada" hasta que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) no resuelva las cuestiones prejudiciales que le planteen los tribunales nacionales. Esto es, los jueces españoles pueden preguntarle al TJUE si esta norma está en regla con la legislación europea. Y quedará inaplicada "con independencia de lo que la legislación nacional establezca", dada la primacía del derecho comunitario". (Libertad Digital).  Este comisario no ha dicho que esté a favor o en contra de la Ley, pues tiene que pasar aún por el Senado, pero lo que sí ha defendido es que por encima de las Leyes de los Estados miembros está el Derecho de la Unión.

Luego el Tribunal de Justicia tendrá la última palabra en el caso muy probable de que algún tribunal español le pregunte al respecto.

Sé que a muchos españoles les cuesta entender esto, cuando os aseguro que la primacía del Derecho de la Unión es la mayor garantía de nuestra democracia, Si fuera lo contrario, es decir que el Derecho de los Estados miembros estuviera por encima del Derecho, la UE no    tendría razón de ser y no podría dictar ninguna ley, pues cualquier Estado la podría anular. Los reglamentos de la UE son directa e inmediatamente aplicables, sin que ningún Estado pueda ponerles el más mínimo reparo.  La UE es una organización "supranacional", que no es lo mismo que "internacional". 

Si al formular la cuestión prejudicial, la ley continuara vigente, y después el Tribunal se manifestara en contra de esa Ley, habría estado vigente durante algún tiempo una Ley que era nula. La decisión del Tribunal de Justicia de la UE podrá ser después a favor o en contra de la Ley. Por tanto, puede ocurrir que Puigdemont o tenga que retrasar su vuelta hasta que el Tribunal de Justica de la UE se pronuncie o que venir s España sin una Ley de amnistía.

Felizmente, el Tribunal de Justicia de la UE no está presidido por un juez puesto a dedo por el Gobierno de España y felizmente dicho Tribunal es nuestra tabla de salvación frente a las veleidades de nuestros políticos.