La semana pasada compareció el presidente del gobierno desde Bruselas tras la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de su investigación, para exigir disculpas a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Después de ver el discurso del jefe del ejecutivo, navegué por las noticias en busca de dicho informe que a todas luces imaginé exculpatorio para el fiscal general.

Para ser sincero, me alegré, me resultaba imposible que una institución esencial del estado como es la fiscalía general -garante del cumplimiento de la Ley y de la justicia- estuviese al servicio de intrigas y complots políticos del gobierno de turno para liquidar a sus rivales utilizando presuntamente datos de los procedimientos penales de ciudadanos.

Pero una vez vistas las noticias, todo mi gozo en un pozo. El informe, en vez de exculpar al fiscal general, argumentaba que los mensajes del jefe de la fiscalía entre los días 8 a 14 de marzo, cuando presuntamente se filtraron los datos del novio de Ayuso, habían sido borrados. Es decir, las pruebas del presunto delito, habían sido eliminadas.

¿Por qué entonces, el presidente del gobierno había anunciado un indicio de culpabilidad como una prueba exculpatoria?

Un buen amigo, definiría esta maniobra como luz de gas. Esto es, un tipo de abuso psicológico en el que se hace a alguien cuestionar su propia realidad. Consiste en negar la realidad, dar por sucedido algo que nunca ocurrió o presentar información falsa con el fin de hacer dudar a la víctima de su memoria o de su percepción.

A fuerza de ser sincero, esta maniobra tampoco me extrañó demasiado. Dados los antecedentes sobre el caso. De hecho, la línea de defensa paralela al procedimiento judicial, es que el fiscal general está siendo investigado por luchar contra los bulos. Demoledor.  

Llevamos una época de crisis política, social y de valores, sin precedentes desde la transición, la existencia de fake news y bulos se ha convertido en algo cotidiano en nuestro día a día, pero que lleguen desde uno de los poderes del estado, desde el propio gobierno. Es inaudito.

Desde el ejecutivo han hecho gala del viejo refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores, agitando la confrontación entre ciudadanos hasta tal punto que no se puede si quiera hablar de ciertos temas con amigos con visiones diferentes. Todo se ha convertido en un o conmigo o contra mí. Sin términos medios, sin objetividad ni equidistancia.

Cada día que pasa, las líneas rojas, antaño infranqueables, se difuminan un poco más y se cruzan sin ningún pudor o escrúpulo, todo ello sin más justificación que la de mejor nosotros para que no vengan otros mucho peores. Y de diferente signo.

El fiscal general del estado, está siendo investigado por un delito presuntamente realizado en el ejercicio de sus funciones: filtrar datos de un ciudadano para perjudicar a un rival político. Y continua sin dimitir.

No seré yo quien ponga en duda el derecho fundamental a la presunción de inocencia, pilar básico de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, resulta incomprensible que el máximo dirigente del Ministerio Fiscal, que tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, este siendo investigado y no deje su cargo.

Hablando en plata, sería algo así como poner al zorro a cuidar de las gallinas. La mera sospecha sobre una institución tan importante y de tanto prestigio, le hace incompatible con el honor y la dignidad que representa su cargo.

Y mientras tanto, continua -entre otras, de cuyo nombre no quiero acordarme, por razones de tiempo y de espacio-, la investigación sobre el caso Koldo, con el ex ministro Ábalos directamente implicado, y varios ministros y altos cargos del ejecutivo muy comprometidos.

Volviendo al viejo refrán, sería bueno determinar quiénes son los pescadores que se llevan la ganancia con la agitación del río y la crispación.

Feliz navidad.