Ayer, 15 de marzo, se celebró el día mundial de los derechos del consumidor, tiene su origen en un discurso del presidente J.F. Kennedy ante el Congreso norteamericano el 15 de marzo 1962. Y posteriormente en 1983 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijo como ese día como fecha de conmemoración de los derechos del consumidor.

 

Nuestra Constitución recoge en su artículo 51 la protección de los consumidores y usuarios en nuestro ordenamiento jurídico.

 

“Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca”.

 

¿Quiénes son estos sujetos?, el concepto de consumidor y usuario se regula en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y que establece:

 

“A efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial (...)”.

 

Sin embargo, pese a la protección jurídica que tienen los consumidores, existen sectores donde a diario se producen vulneraciones de sus derechos. Algunos de ellos son la banca, las finanzas, el comercio electrónico, la energía y los suministros, los transportes, los viajes, etc.

 

De hecho, todavía existen temas de candente actualidad, los más conocidos son las cláusulas abusivas en las hipotecas: comisiones, suelo, gastos de formalización, IRPH, etc., los prestamos usuarios, las tarjetas revolving… Recientemente ha entrado en escena el asunto del “cártel de los coches” por conductas restrictivas de la competencia tanto de las distribuidoras de vehículos como de los concesionarios. Cuyo grueso de reclamaciones está comenzando.

 

Tampoco podemos obviar las prácticas comerciales desleales -como las prácticas engañosas o agresivas- o la publicidad ilícita. Aún queda mucho por hacer, y la solución a muchos de estos problemas pasa por dos mecanismos:

 

En primer lugar, la educación de los consumidores y usuarios para que tengan un conocimiento real de los derechos que les amparan, como el derecho a desistir del contrato, la falta de conformidad, el envío de productos no solicitados, etc. Ya que es muy difícil hacer valer tus derechos si no sabes cuales son.

 

Y, en segundo lugar, la existencia de mecanismos efectivos de solución extrajudicial de conflicto. Ya sean oficinas municipales o regionales de consumo, a través de sistemas de conciliación, mediación o arbitraje.

 

Puesto que en muchos casos el asunto es de poco dinero y la reclamación judicial no compensa al consumidor. Si para reclamar una pequeña cantidad debe abonar una cantidad mayor de gastos de abogado y de procurador, aun cuando su intervención por la cuantía del asunto no es obligatoria.  

 

Como dijo presidente J.F. Kennedy en su discurso al Congreso norteamericano el 15 de marzo 1962:

 

“Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos” (…) “somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas... pero también el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados” (…) “El Estado tiene la especial obligación de estar alerta en lo que se refiere a las necesidades de los consumidores y de hacer progresar sus intereses”.  

 

Los derechos de los consumidores, son los de todos. Debemos defenderlos.