En el artículo de opinión de El Mundo de ayer, martes 17 de mayo, el profesor José Antonio Marina describe una visión maniquea sobre la concepción educativa que divide a los españoles desde hace más de un siglo; aunque tal vez adolezca de un planteamiento un tanto simplista, puede ayudar a entenderlo a un profano en la materia.
Por un lado están los que el autor denomina el Modelo Neoliberal: “individualista, privatizador, antepone la calidad a la equidad, desconfía del Estado y pone la libertad de enseñanza por encima del derecho a la educación. Insiste en que la educación moral debe ser decidida en exclusiva por los padres…”
Por otro, el Modelo Socialista: “comunitario, defensa excluyente de la escuela pública, antepone la equidad a la calidad, y el derecho a la educación a la libertad de enseñanza. Confía en el Estado como garante de la educación, cree que una educación cívica universal debe estar garantizada por el Estado…”
Concluye su artículo con una propuesta de acuerdo, en el que aboga porque todos hemos de ceder en algo para poder lograr un pacto estable en materia educativa que al menos dure una generación.
Sí, profesor Marina, estoy de acuerdo en que hemos de llegar a un acuerdo, a un punto de común respeto. La capacidad de encuentro y de diálogo en el tema educativo es algo propio del ser humano. Usted describe muy bien cómo el artículo 27 de la Constitución fue un claro ejemplo de cesión de ambas posturas antagónicas. Si bien, la redacción del texto constitucional ha permitido todo tipo de experimentos dependiendo del color político del que se vista el partido del Gobierno.
Ahora bien, hay un principio básico, elemental e irrenunciable: la educación filosófica, moral y ética (pedagógica indica también alguna recomendación de la UE) debe ser elegida y atendida en primer lugar por la familia. Es en el hogar donde se maman los valores, donde se aprende a ser persona, donde se comparte y se reparte todo entre todos. El papel de un Estado democrático deberá respetar esta decisión, este derecho y este deber de los padres.
Así lo recoge la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 26.3; el Principio 7 de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 en su artículo 18.4; la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE de 2006 en su artículo 14.3; La resolución de las Naciones Unidas de 1 de julio de 2015; y nuestra Constitución de 1978.
El modelo de una escuela única, pública, laica, gratuita e impuesta para todos podría valer en la Venezuela de Pablo Iglesias. Desde esa concepción “socialista” -más bien yo diría de corte comunista y dictatorial (aquí la extrema izquierda y la extrema derecha coinciden)- las personas que piensan distinto, no caben, están fuera del sistema, son unos miserables que no merecen el reconocimiento del Estado. La nueva inquisición de la izquierda educativa impone para todos la hoguera del pensamiento único. Si quieren otro tipo de educación, que se la paguen de su bolsillo…
Profesor Marina, coincido con usted, y lo defenderé allá donde vaya, en que la escuela pública ha de tener todos los medios para ser y estar entre las mejores, ha de contar profesores y equipos directivos cualificados y apoyados por la Administración Pública para que ofrezca a la sociedad una propuesta atractiva, actual y en la que todos, todos, todos, podamos entrar, no sólo los del pensamiento único de género y populistas. Esos son los que están conduciendo a la escuela pública al fracaso colectivo. Sí ellos, los apunto con el dedo.
Termino, profesor Mariana. En primera instancia, en origen y en derecho, somos los padres los depositarios del derecho y del deber de la educación de nuestros hijos. Somos nosotros los que definimos y elegimos el centro educativo inspirado en un ideario acorde con nuestros valores familiares y siempre en el respeto exquisito a los principios constitucionales.
Sr. Marina, no vamos a renunciar a ello, aunque el pacto se tiña de talante dialogante. Los padres tenemos el derecho, el deber, la libertad, la responsabilidad y la obligación de la educación de nuestros hijos. Y como usted bien dice, para educar hace falta una “tribu” -más bien, yo preferiría una sociedad, que indica un modelo más pensado y estudiado-, la sociedad, el Estado y la Administración ha de respetar y apoyar a los padres en esta responsabilidad primera. No lo dude, si quiere pacto, respeto a la decisión de los padres…