Entre estos derechos se encuentra el acceso a la sanidad universal, pública y gratuita, cuyo blindaje constitucional creo que es necesario y bien sentido, habida cuenta del reconocimiento y valor para la sociedad española en su conjunto; no en vano apenas hace unos años nuestro sistema de salud era orgullo nacional, por sus avances en investigación, grandes profesionales, alcance, gratuidad... y un coste global comparativamente muy inferior al de otros grandes países, con economías punteras pero con gran despilfarro y baja cobertura, como los EEUU; y todo ello gracias a un sistema cuyo valor central derivaba de una concepción de la persona y la comunidad solidaria y fraternal, con una cobertura prácticamente universal ¿o es que acaso los donantes de órganos de nuestro país condicionan su donación a la nacionalidad de los posibles receptores? Eso sería ruin e inhumano, no compatible con el deber y el ser de nuestros pueblos de la península.

 

Ejemplo de esta creencia que creo generalizada es nuestro maravilloso sistema de donación de órganos, pero también determinadas reacciones al decreto de exclusión sanitaria del PP hacia los españoles pobres de más de 26 años, los residentes en el extranjero y los inmigrantes irregulares, aunque la percepción general pueda parecer distinta. Sin embargo, la sociedad civil ha respondido, ejemplo de ello es el movimiento social Yo Sí Sanidad Universal, o la campaña de videocartas dirigidas a la ministra.

 

Las instituciones también han respondido ante esta afrenta a valores éticos superiores. Algunas comunidades autónomas han llegado a rebelarse, y en su día anunciaron el ejercicio de la desobediencia civil institucional (Navarra, País Vasco, Asturias y Andalucía); otras dijeron que acatarían la ley, a su manera, y que nadie les impediría seguir prestando los servicios a quien no tuviera recursos (Canarias, e incluso Cataluña, Galicia y Castilla y León); y sólo las comunidades autónomas dirigidas férreamente por la cúpula del PP (Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja) anunciaron fidelidad a los designios excluyentes y xenófobos de la ministra Ana Mato, no atendiendo a los españoles pobres e inmigrantes sin tarjeta y persiguiendo económicamente al que llegara a utilizar el sistema público.

 

Por otro lado, sin duda preferiría vivir en una Cataluña independiente donde se asegurara el derecho a un sistema sanitario púbico, universal y gratuito; que no en una región autónoma o estado federado de un gran Estado español donde este derecho no se encontrara garantizado por norma u orden superior, esto es, constitucional; y sensu contrario, preferiría un centralista Estado español que asegurara la salud de todas las personas sin exclusión, que no una Cataluña independiente, dominada por un sistema privado de salud, dejando al albur de las enfermedades y el sufrimiento a buena parte de la población.

 

Entiendo que lo mismo debería pensar cualquier persona sensata, no siendo necesario ser nacionalista ni independentista para aceptar la primera solución; razón por la cual se puede llegar a comprender el menor número de votos que están obteniendo los colectivos independentistas en los territorios históricos, frente a las mayorías políticas y sociales que representan las personas favorables al derecho a decidir sobre el derecho a la salud y otros; así como la previa necesidad de llegar a un acuerdo de blindaje de este derecho fundamental en nuestra Constitución; la razón es evidente, yo sí, sanidad universal, en Cataluña y en el resto de España.

 

Esta propuesta programática, sin embargo, está revelando cada día la realidad de ciertos partidos políticos y sus fragrantes incumplimientos electorales. Yo mismo he participado de este debate con miembros del PSOE y Cs en actos públicos, incluso con diputados regionales, en el cual se comprometieron a luchar por el blindaje de estos derechos en la carta magna, con la magnitud solicitada por organizaciones sociales como Amnistía Internacional e Intermón Oxfam, que desarrollaron la campaña "Blinda tus derechos" en favor de este compromiso durante la campaña electoral.

 

Promesas vacías, una vez más. Rivera escenifica el acuerdo con Sánchez requiriéndole a que acepte cinco propuestas de reforma constitucional, entre las que no se incluye en absoluto el refuerzo constitucional de los derechos sociales e inluso se excluye implícitamente si se realiza una lectura macroeconómica del acuerdo, siendo muy insuficiente la cita sobre este asunto existente en el texto pactado, que podría ser plenamente aceptada hasta por el PP.

 

Recordemos que PSOE y PP han sido responsables precisamente de los recortes de estos derechos en los últimos años y de la reforma del art 135 de la Constitución, instrucción ejecutada por la vía urgente, recibida por carta secreta al presidente Zapatero y desde quien realmente manda, el BCE controlado por Alemania, el FMI por Francia y la Comisión Europea, la banda de burócratas neoliberales que nos gobiernan desde la sombra.

 

La credibilidad de estos dos partidos y su acuerdo sobre este tema es prácticamente nula, en este momento, pues por sus hechos los conoceréis. Lástima y verguenza, una nueva ocasión perdida para la reversión de las insultantes desigualdades que asolan a nuestro país, con los peores índices de exclusión y desigualdad de buena parte de la Europa occidental, donde apenas un puñado de ricos acumulan enormes riquezas, mientras existen grandes bolsas de población empobrecida, que actualmente llega al 30% de las personas de nuestro país, según el VII Informe FOESSA, impulsado por Cáritas Diocesana. Parece que a estos partidos sólo les importa el IBEX 35, el postureo y la precampaña electoral. ¿Dónde queda ahora el cacareado socialismo de las bases del PSOE y la influencia de las personas más progresistas de Ciudadanos?