Sin embargo, la única versión publicada de los hechos fue la policial a través de un medio de prensa que tituló “Una marabunta agrede a policías”,   donde se aseguraba que había sido la familia y el barrio entero quienes habían agredido a dos agentes y por ello detenidos. Pueden imaginarse los comentarios xenófobos y racistas en la prensa digital hacia la familia y el barrio.

 

                La otra versión, la que no existía, y que yo transmití directamente de los afectados en una red social a través de un comentario, ha generado gran polémica en el cuerpo de policía,  por la replicación del mismo por parte de un comunicado del sindicato de policías CEP, pidiendo mi dimisión e incluso anunciando denuncias en los tribunales por mis palabras.

 

                

Sin embargo, debo responder que cada palo aguante su vela.  Pues al igual que hay que felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por su general esfuerzo, entrega y resultados en la protección de las libertades de los ciudadanos, como los conocidos recientemente respecto las últimas detenciones de la cúpula terrorista etarra; también es imprescindible y necesario poner el dedo en la llaga de aquellas actuaciones dudosas, sospechosas e incluso posiblemente delictivas y que suelen ser realizadas por algunos concretos policías, con absoluto menosprecio al uniforme que llevan, al cuerpo que representan y a esas mismas libertades y derechos que dicen proteger.

               

En primer lugar, no es de recibo que la policía utilice altavoces mediáticos para azuzar a la opinión pública, con el único objeto de defenderse antes de tiempo, frente a posibles acusaciones de desproporción en el uso de la fuerza o errores policiales. Y lo que es sintomático, que incluso sea capaz de reconocer que recriminó a vecinos que grabaron vídeos de las actuaciones policiales, consiguiendo borrarlas, ¿qué pretendían ocultar?

 

Y, finalmente, y más lamentable si cabe, que intenten amedrentar a cargos públicos con querellas y denuncias, para así mantener la ley del silencio sobre sus posibles errores y lo que creo verdaderas agresiones a la ley y las libertades.

 

Por ello, concédanme el derecho a solicitar transparencia en las actuaciones y dependencias policiales, a poner el dedo en la llaga de la existencia de posibles graves errores e irregularidades así como a denunciar las injusticias que se puedan cometer hacia las personas, y que como abogado y activista de movimientos sociales ya he venido denunciando, en la calle y en los tribunales, desde hace años.

 

Ahora, además, debo dar voz a los vecinos de esta ciudad, como representante popular y especialmente de aquellos barrios tachados de marginales, olvidados y condenados de antemano. Pues en realidad no hice otra cosa que transmitir la versión directa de los afectados, por lo que me permito no sólo dudar de la versión policial, si no incluso de creer que ciertos policías han sacudido a un menor y su abuela, para después detener sospechosamente a dos posibles testigos y desde luego haber instado a que se borraran los vídeos que los vecinos grabaron de la actuación policial. No, a mí no me van a callar, aunque las pruebas más objetivas, los vídeos, fueran borrados, precisamente a instancias de algunos policías.

 

Y es que es relativamente frecuente que algunos agentes intenten deshacerse de vídeos e imágenes de sus actuaciones en la calle, especialmente cuando deben de intervenir mediante la fuerza. En los últimos años he sido testigo presencial y directo de numerosos casos, especialmente en manifestaciones.

 

Casos en los que se intentaba obligar a periodistas a borrar sus cámaras, como en el túnel de Guadarrama en julio de 2012 durante una manifestación contra el peaje ilegal en la A6, en la que las fuerzas y cuerpos de seguridad acabaron deteniendo ilegalmente a una fotógrafa por negarse a entregar su cámara de fotos.

 

Casos en los que el atestado relata unos hechos que posteriormente los vídeos desmontan sin rubor, como cuando manifestantes pacíficos a la puerta del Parador de Salamanca donde se reunían diputados y senadores del PP,  fueron apaleados por miembros de una unidad de la UIP de Valladolid. Los policías afirmaron ser agredidos, pero el vídeo que pudo grabarse y difundirse desmintió la versión policial que justificó las detenciones de los manifestantes.

 

Casos donde se maltrató a personas indefensas como Ramón, con graves problemas de corazón, discapacitado, que también fue acusado de una supuesta agresión a un policía, lo que se acabó demostrando incierto en los juzgados. Sin embargo, la supuesta denuncia de agresión justificó la paliza policial y luego su detención; todo por un comentario banal. Sin embargo, para él lo peor no fueron los golpes, como relata, si no la sensación de impunidad, impotencia y la humillación sufrida, pues ya en comisaría después de pasar por el médico, le hicieron bajarse los pantalones y ponerse en cuclillas, mientras se reían de él. Así me lo contó y lo contará siempre; pero claro, solo en una comisaría ¿qué pruebas hay de tal maltrato que su palabra? El juez no le creyó sobre esta cuestión, pero a los policías tampoco sobre sus acusaciones. Yo sí que le creí, como no, a pies juntillas.

 

Y es que la palabra de un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe tener un gran valor probatorio, es cierto, y así lo reconocen nuestras leyes, por su neutralidad e imparcialidad; pero desde luego no la palabra de ciertos policías, expertos en abusar de un privilegio que debería conllevar un gran responsabilidad y, ante la mínima duda, contundencia para evitar la sensación de impunidad que reina sobre este tema.

 

Y sin duda, la palabra de ciertos agentes a través de una noticia filtrada a cierta prensa no vale mucho y, en este caso, por ahora, lo único que hay es el relato de la versión periodística, frente a la de la familia y los vecinos, la mayoría miedosos de la aplicación de la ley mordaza o simplemente de  posibles represalias. Porque efectivamente, hay miedo en la gente, a que te sacudan, a que te detengan, a que te pongan multas ciertos agentes que lejos de luchar por la libertad y la seguridad pueden llegar a utilizar de forma desproporcionada la fuerza contra menores, ancianas y discapacitados; acusándoles posteriormente de haber sido agredidos y, como en este caso, llegando a azuzar a la opinión pública contra las víctimas, e intentando intimidar con querellas a sus defensores.

 

Sin embargo, lo peor no es la existencia de ciertas actuaciones concretas chapuceras o la existencia de algunos agentes díscolos no, lo peor es que muchas veces da la sensación de que estas cosas se saben y los compañeros o jefes no las denuncian e incluso podrían ampararlas. Luego nos extrañamos del rechazo de ciertos jóvenes a la autoridad o la falta de integración de las familias y vecinos de ciertos barrios.

 

El monopolio de la violencia es cosa delicada y no puede estar en manos de cualquiera. Si algo nos debería de haber enseñado la lucha contra el terrorismo etarra en nuestro país, es que no todo vale, y que las torturas, las detenciones ilegales y los asesinatos dirigidos, como los que practicó el GAL con el beneplácito de la UCD y el PSOE, sirvieron para todo lo contrario de lo buscado, anulando totalmente la credibilidad de la lucha del Estado contra el crimen y el terror; pues no hay peor abuso que el cometido por la autoridad, especialmente la policial.

 

Salamanca no puede ser una ciutat morta.