La ciudad y la provincia de Salamanca sufren desde hace décadas una despoblación imparable. Una problemática de gran magnitud que está impidiendo el desarrollo e incluso el mantenimiento de los servicios públicos. Esta realidad es mucho más visible en el medio rural y en los pueblos, en los que todos los años se vienen cerrando escuelas y donde se mantiene a duras penas una población muy envejecida.

 

La inmigración representa, en estas circunstancias, una oportunidad de evitar el colapso económico, social y ambiental de nuestra región, favoreciendo el mantenimiento de los servicios públicos o el pago de las pensiones, entre otros aspectos positivos, reconocidos incluso por los economistas más liberales y conservadores y que no se le pueden escapar a cualquier observador razonable, que pretenda estar bien informado de la realidad.

 

Entre los aspectos negativos, se encuentras las dificultades culturales y de convivencia, y en algunas ocasiones se intenta destacar un supuesto incremento del gasto público, lo cual es una falacia refutada en numerosas ocasiones por los distintos estudios realizados, al menos en nuestro país. Según el más conocido, "Inmigración y Estado de bienestar en España", entre el año 2000 y 2005, el 50% del crecimiento del PIB en España fue como consecuencia de la presencia de los inmigrantes; y de una población de extranjeros del 12,2% del total de la población española en 2011, resulta que únicamente absorbieron el 6,8% de los servicios sociales, el 6,1% de los gastos educativos o el 5,1% de la sanidad, es decir, en el período de estudio gastaron mucho menos de lo que les correspondería y el impacto neto general para la economía y el estado del bienestar fue muy positivo.

 

Por eso, claman al cielo las dificultades y trabas que las personas extranjeras sufren, cuando manifiestan su interés por establecer su residencia legal en nuestro país. Sin embargo, y especialmente en nuestra región donde el gran problema es la despoblación, estas políticas representan un auténtico disparate, además de ser claramente contrarias a los derechos humanos.

 

Migraciones y políticas de extranjería

 

La responsabilidad principal sobre la política de migraciones es de las autoridades estatales, quienes han promulgado unas leyes de extranjería cuyo fin real es realmente dificultar la inmigración y el asentamiento de la población extranjera en nuestro país. En una de las últimas reformas legales, por ejemplo, se incluyeron multas a quienes ayudaran a personas extranjeras en situación irregular, criminalizando la solidaridad; otro disparate contra los derechos humanos, y hoy todavía vigente.

 

Y es que en los últimos años la xenofobia han aumentado en nuestro país, aunque muchas veces se comente el supuesto escaso avance de los partidos ultras. En realidad sí existe un partido de extrema derecha con representación en las instituciones. Es un partido que gobierna, que se llama Partido Popular, y que lleva poniendo en marcha desde hace años políticas discriminatorias, xenófobas incluso, y en general destinadas a frenar la inmigración y expulsar a los inmigrantes, vulnerando en muchos casos la legislación nacional e internacional.

 

El caso más paradigmático ha sido la supresión del derecho a la asistencia sanitaria a personas en situación irregular, con argumentos espúreos y que está generando terribles efectos en la población inmigrante, además de poner en riesgo la salud pública y suponer incluso un incremento del gasto sanitario. Esta medida ha sido contestada admirablemente por la sociedad civil e incluso algunas administraciones autonómicas la han desobedecido, como recordé en otro artículo, hace unos meses en este mismo blog.

 

Las devoluciones en caliente que se han venido practicando sistemáticamente y de forma opaca en frontera es otra práctica que vulnera el derecho de asilo y ha sido condenada numerosas veces por organismos internacionales. No obstante, el ejemplo paradigmático de cómo se vulneran sistemáticamente los derechos humanos de las personas extranjeras en nuestro país, es la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE); lugares de opacidad y auténtico sufrimiento según los mismos jueces que los controlan, en los cuales se vulneran los derechos humanos más fundamentales a diario, y que se reconoce que son peores que los centros penitenciarios. En estos lugares es posible encerrar a cualquier persona sin papeles hasta 60 días. Un asunto que nuestro grupo municipal llevó al pleno municipal, sin demasiado éxito y a iniciativa de asociaciones, sindicatos y movimientos sociales de nuestra ciudad.

 

Las Comunidades Autónomas también tienen ejemplos flagrantes de políticas claramente discriminatorias y xenófobas. La política de la Junta de Castilla y León de dificultar deliberadamente la regularización de las familias extranjeras, al impedir la inscripción en el registro de parejas de hecho a personas sin permiso de residencia, era una de ellas. Una cuestión que afortunadamente apenas hace unas semanas ha sido resuelta por la acción directa de los movimientos sociales, al acudir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León quien ha declarado ilegal dicha política anulando la norma que la regulaba, por vulnerar derechos fundamentales de las personas.

 

En Salamanca y en general en toda la región, es evidente que nos hace falta gente, y por ello es necesario en primer lugar acabar con las restricciones actuales a la inmigración, además de promover con urgencia políticas favorables a la misma, que eviten las expulsiones y que favorezcan la integración de dicha población, quizá nos vaya la vida en ello.